Una jueza estadounidense ha dado su aprobación para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros y deportar a ciudadanos venezolanos que participan en las actividades del grupo TdA.

Una jueza estadounidense ha dado su aprobación para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros y deportar a ciudadanos venezolanos que participan en las actividades del grupo TdA.. Foto: Redacción InfoA

El presidente Donald Trump emitió una proclama en marzo que afirmaba que el Tren de Aragua estaba invadiendo a Estados Unidos. Añadió que tenía poderes especiales para deportar a inmigrantes, identificados por su gobierno como miembros de pandillas, sin los procedimientos judiciales habituales. Después de la proclamación, el gobierno comenzó a deportar a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La proclama y las deportaciones provocaron una ola de demandas en múltiples estados —incluida la que llevó al fallo de Haines. Ese caso en particular fue presentado por un ciudadano venezolano que asegura que huyó a Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos en 2023 después de enfrentar extorsión en su propio país. Fue arrestado en febrero después de que un vecino informó que era miembro del Tren de Aragua, una afirmación que el hombre niega vehementemente. Haines aprobó inicialmente el caso como una demanda colectiva, prohibiendo temporalmente al gobierno federal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cualquier migrante en su distrito. Sin embargo, levantó esa designación el martes, despejando el camino para que se reanuden las deportaciones, siempre que las personas que están siendo expulsadas reciban un aviso en inglés y español con al menos 21 días de anticipación, así como una 'oportunidad de ser escuchadas' sobre cualquier objeción que puedan tener. En el caso de Texas, una mujer dijo que huyó de Venezuela después de ser sometida a acoso, agresión e intimidación en repetidas ocasiones como una forma de persecución política. Llegó a Estados Unidos en 2023 y se le concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS), y actualmente está buscando asilo. Pero el mes pasado fue arrestada en Ohio y acusada de ser miembro de una pandilla, lo cual ella niega. Actualmente está detenida en El Paso y pidió al juez federal de distrito superior, David Briones, que impida que el gobierno federal la deporte a ella y a otras personas detenidas en la región porque, según dijo, la proclamación del presidente viola los derechos al debido proceso de las personas que enfrentan la deportación y equipara erróneamente al Tren de Aragua como una invasión por un gobierno extranjero. Briones dijo que probablemente tendría éxito en el fondo del caso y prohibió temporalmente al gobierno federal transferir a la mujer u otras personas en la región acusadas de ser miembros del Tren de Aragua a otros distritos o deportarlas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.