Un nuevo enfoque para la justicia juvenil: hacia un sistema penal más humano y efectivo

Un nuevo enfoque para la justicia juvenil: hacia un sistema penal más humano y efectivo. Foto: Redacción InfoArticulos

Después de casi un año de discusiones, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen mayoritario para reformar el régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esto propicia una serie de medidas tendientes a abordar la problemática de los menores que delinquen.

Es positivo que, después de ser considerado un tema tabú, los diputados se hayan decidido a tomar el toro por las astas y dar un tan postergado como necesario debate, frente al alarmante incremento de los delitos que, especialmente en la provincia de Buenos Aires, han conmovido tanto por su salvajismo como por el hecho de ser protagonizados por adolescentes. Los menores de 16 años, por ser hasta hoy inimputables en materia penal, son muchas veces reclutados por organizaciones criminales.

El dictamen parlamentario reunió 77 firmas de diputados de distintas bancadas, integrantes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Justicia. Cosechó el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro, la UCR e Innovación Federal, al tiempo que los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica acompañaron la iniciativa con disidencias.

La iniciativa consensuada, basada en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que fue objeto de modificaciones, contempla que la imputabilidad penal corra a partir de los 14 años de edad –el Gobierno había propuesto que fuera de 13 años– y que los menores solo cumplan pena de cárcel efectiva, con un límite máximo de 15 años, siempre que el delito que cometieran esté penado con diez o más años de prisión.

Si el delito cometido tuviera una pena de hasta tres años de prisión, el menor no iría a la cárcel y el juez debería optar entre varios castigos alternativos, tales como la amonestación, la prohibición de salir del país o la prestación de servicios a la comunidad. Igual sanción podría corresponderle si el delito cometido superara los tres años de prisión hasta un máximo de diez, mientras no se tratara de un homicidio, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o delitos dolosos.

El régimen propuesto también garantiza la legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa desde el inicio, al tiempo que la privación de la libertad es concebida como última ratio, únicamente con alojamiento del menor en establecimientos especializados. La detención de los menores sería en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva, donde además se les garantice el acceso a la educación, la salud, la recreación, la cultura y la religión.

No podrían ser alojados junto a adultos y el personal de los centros penitenciarios debería estar especializado en infancia y adolescencia.