Un nuevo ataque contra la estabilidad del sistema

El recorte a las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como acusadora en juicios penales es un paso muy negativo - LA NACION

Por InfoArticulos

Viernes 25 de Abril de 2025 - 03:33

Un nuevo ataque contra la estabilidad del sistema. Foto: Redacción InfoArticulosUn nuevo ataque contra la estabilidad del sistema. Foto: Redacción InfoArticulos

El gobierno argentino ha tomado una decisión que debilita la capacidad del Estado para luchar contra el delito económico y fortalece la impunidad de aquellos que han dañado las instituciones desde adentro. La Unidad de Información Financiera (UIF) es una herramienta legalmente consagrada, respaldada por jurisprudencia firme y utilizada con éxito para perseguir delitos complejos. Sin embargo, el gobierno ha decidido eliminar la facultad de querellar de la UIF, lo que significa que ya no podrá impulsar causas penales contra aquellos que han cometido delitos económicos y financieros. La decisión del gobierno es un retroceso institucional que ocurre justo cuando se aproximan los juicios orales de mayor relevancia en materia de corrupción y lavado. La UIF ha sido determinante en el impulso de causas como Cuadernos, Hotesur/Los Sauces, Ciccone bis y La Ruta del Dinero K bis, entre otras. Su rol como querellante no fue accesorio: aportó evidencia técnica, promovió el decomiso de activos y sostuvo acusaciones en instancias donde la prueba financiera era central. La eliminación de la facultad de querellar de la UIF debilita la capacidad del Estado argentino para luchar contra el delito económico y fortalece, en cambio, la impunidad de aquellos que han dañado sus instituciones desde adentro. Quienes con sus tan fundadas como ácidas críticas a la casta alzaron la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción como promesa de campaña hoy eligen su mismo camino. La protección del orden económico-financiero, la transparencia pública y el Estado de Derecho no pueden quedar supeditados al interés coyuntural del gobierno de turno. La decisión del gobierno es un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, y debilita la capacidad del Estado para defender los intereses de la sociedad.