Superar las rencillas

Superar las rencillas. Foto: Redacción InfoArticulos

El traslado de un grupo de presos ha generado un gran revuelo. En abril pasado, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, notificó al Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF5) sobre la necesidad de desalojar una unidad del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para acondicionar esas plazas y ubicar con urgencia a la sobrepoblación femenina.

Se procedió al traslado de 19 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, dependencia que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. Además, se incluyeron a Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti y el exfiscal Juan Carlos César Castro.

La utilización política de la figura de los delitos de lesa humanidad no ha cesado y solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho.

El rechazo de algunos se fundamenta en un cuestionamiento al principio de igualdad ante la ley, que fija que las condiciones carcelarias deben ser uniformes para todos los condenados, sin distinción por el tipo penal. Igual argumento debe aplicarse a los procesos judiciales que establecen que una persona acusada por un delito de lesa humanidad no puede ser condenada si no se prueba su participación en los hechos más allá de toda duda razonable y no, como ha venido ocurriendo en numerosos casos, en juicios amañados con un derecho penal paralelo para supuestos enemigos.

Solo así se explican las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus condenas a más de 40 años de transcurridos los hechos. Hacia marzo pasado, según información oficial del Ministerio Público Fiscal compilada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, había 14 juicios en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción.

Pisoteando ese sano principio de igualdad, se ha privado a algunos condenados por lesa humanidad mayores de 70 años de gozar de la prisión domiciliaria que contempla la legislación. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la que nuestro país es signataria, obliga a proteger a la ancianidad, prescribiendo para ella una serie de derechos, cuidados y beneficios tanto en lo administrativo como en lo legislativo y judicial.

Hablar de derechos es hablar de todos. Nunca restringirlos será defenderlos. Mucho menos, apelar a la venganza, la persecución y el odio. Un odio que ha sido dramático en nuestra historia. Un odio que es la antítesis de la convivencia pacífica. Un odio que por su propia definición invita a excluir al otro.