Representantes legales de ciudadanos venezolanos solicitan al magistrado que ordene al presidente estadounidense facilitar la repatriación desde El Salvador.

Representantes legales de ciudadanos venezolanos solicitan al magistrado que ordene al presidente estadounidense facilitar la repatriación desde El Salvador.. Foto: Redacción InfoArticulos

Un grupo de al menos 137 venezolanos que fueron enviados a una prisión en El Salvador el mes pasado han solicitado a un juez que ordene al gobierno del presidente republicano Donald Trump que facilite su regreso a Estados Unidos.

Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una solicitud ante el juez federal de distrito, James Boasberg, con sede en Washington, para que ordene al gobierno que facilite el regreso de los migrantes.

Hasta ahora, la ACLU se ha centrado en garantizar que los venezolanos que aún se encuentran en Estados Unidos tengan la oportunidad adecuada de impugnar sus deportaciones ante los tribunales, amparándose en la ley.

Los familiares de muchos de los venezolanos deportados el 15 de marzo y sus abogados niegan cualquier vínculo con pandillas y afirman que no se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de la administración Trump ante los tribunales.

Se encuentran recluidos en el Centro de Reclusión contra el Terrorismo de El Salvador, en virtud de un acuerdo en el que Estados Unidos paga 6 millones de dólares al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Cualquier orden de Boasberg para facilitar el regreso de los migrantes se asemejará a la orden de otro juez federal que exige que la administración facilite el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado injustamente a El Salvador junto con los migrantes venezolanos.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la orden de la jueza de distrito, Paula Xinis, para que el gobierno facilitara el regreso de Ábrego García, pero hasta ahora la administración Trump no ha dado indicios de haber solicitado al gobierno de El Salvador su regreso.

Xinis inició una investigación para determinar si la administración desacató su orden de facilitar el regreso de Ábrego García. Xinis declaró que suspendería la investigación hasta el 30 de abril, sin explicar el motivo.