Multa desbordante: la ciudad se rinde ante la falta de control en las vías públicas

Multa desbordante: la ciudad se rinde ante la falta de control en las vías públicas. Foto: Redacción InfoArticulos

El gobernador Axel Kicillof, junto a muchos intendentes bonaerenses, apela insistentemente al aumento de los valores de las multas por infracciones viales y el número de radares. El fin es claramente recaudatorio, a juzgar por la preocupación que exhiben ante el pésimo estado de conservación de rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, lo cual contribuye a elevar los ya preocupantes índices de siniestralidad vial.

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense dictó una resolución que actualiza por tercera vez en el año el valor de las multas de tránsito. A la unidad fija que se utiliza para calcularlas se le aplicó una suba del 3,58% para mayo y junio.

Superar la velocidad máxima puede conducir a multas de entre 225.000 y 1,5 millones de pesos. Por manejar alcoholizado o bajo efecto de drogas, entre 301.000 y 1,5 millones de pesos, mientras que pasar un semáforo en rojo equivaldrá a pagar entre 150.000 y 753.000. Esto es lo mismo que si no se completa, de ser exigible, la verificación técnica vehicular.

En marzo pasado, la Capital Federal también aumentó las multas un 16%. Por las faltas más comunes deben abonarse 70.000 pesos y las más caras pueden alcanzar los tres millones. Según registros oficiales, la más común es el exceso de velocidad, principal causa también de los siniestros viales con víctimas mortales. Sumada al mal estacionamiento concentran el 80% de las infracciones en la ciudad.

El antiguo agente de tránsito ha sido suplantado por unas 100 cámaras portuarias que no solo darán cuenta, por ejemplo, de giros indebidos, sino que también pueden controlar lo que ocurre en el interior del vehículo gracias a un software específico.

El municipio de San Isidro suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por inconsistencias detectadas en oscuros convenios con universidades públicas firmados en 2020 y 2022. Buscan garantizar que se oriente a reducir la siniestralidad vial y no a meros fines recaudatorios, mucho menos cuando puede haber rédito para terceros.

Este ejemplo debería ser seguido por muchos municipios bonaerenses, sobre todo aquellos atravesados por rutas nacionales o provinciales, cuyo estado y señalización vial no hacen más que confirmar el mero interés pecuniario.