El tema de la jubilación sigue siendo objeto de discusión y análisis en la actualidad. Los cambios previstos en los requisitos para acceder a esta etapa de la vida están generando un debate intenso.

El tema de la jubilación sigue siendo objeto de discusión y análisis en la actualidad. Los cambios previstos en los requisitos para acceder a esta etapa de la vida están generando un debate intens

El sistema de seguridad social se financia en buena medida con la recaudación de impuestos y asistencia del Tesoro para cubrir el déficit. Gran parte de las prestaciones pagadas por la Anses se financia con impuestos. El uso de impuestos generales fue uno de los argumentos de quienes defendieron la propuesta de reponer la moratoria, motorizada por el kirchnerismo y la izquierda. Hay que resolver el problema de los que no se pueden jubilar ahora, dijo el exdiputado nacional y expresidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Santín. Tras afirmar que hay una pérdida de poder adquisitivo que viene de décadas, agudizada por las políticas de ajuste, Marcos Wolman, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados pidió un aumento de emergencia y la continuidad inmediata de la moratoria. Además de la inexistencia de consenso para esa última medida, la advertencia del veto seguro fue hecha por varios expositores. Y algo más se señaló como punto a considerar ante los cambios: el economista de Equilibra Diego Bossio, director de la Anses entre 2009 y 2015, puso foco en el riesgo de los juicios que sobrevienen cuando hay determinadas reformas. Los jubilados ya están ganando juicios, por la caída del poder adquisitivo, con fallos que hacen que se duplique el monto de sus haberes, afirmó Tróccoli, quien agregó que debería estudiarse algún plan, en todo caso de mediano plazo, para permitir la recuperación de lo perdido en los últimos años. En el encuentro en Diputados, de hecho, se mencionó el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que días atrás declaró inconstitucional la fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que rigió entre 2021 y marzo de 2024. La sentencia de la demanda hecha por Mirta Noemí Giménez, indica que, en el período en cuestión, los jubilados que no cobran bonos perdieron un 50,3% de su poder de compra.