El país sin gobierno

El país sin gobierno. Foto: Redacción InfoArticulos

La calidad de la república no se mide por los discursos en su defensa, sino por la solidez y el funcionamiento real de sus instituciones.

Hoy varias instituciones sensibles para la salud de nuestra democracia están paralizadas o debilitadas por la vacancia de cargos esenciales. Y lo más preocupante es que esta situación parece haberse naturalizado, como si la acefalía institucional no tuviera consecuencias concretas para la vida cotidiana.

Uno de los casos más graves es el de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la administración pública nacional. Este organismo es clave para fiscalizar la legalidad, eficiencia y eficacia del uso de los recursos del Estado.

Seis de sus siete auditores tienen ya sus mandatos vencidos. Esto deja al organismo virtualmente paralizado. Es decir que el país está dejando vacante uno de sus principales instrumentos de control del poder.

En el plano judicial la situación es alarmante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación -máximo tribunal del país- está actualmente integrada por tres miembros, los tres varones. El Poder Ejecutivo había designado a una mujer para ocupar uno de esos cargos, pero el Senado no ratificó su nombramiento.

La falta de mujeres en la Corte es un problema grave, ya que impide que se tenga una perspectiva más equilibrada y diversa en la toma de decisiones. Además, la ausencia de mujeres en los cargos de jueces y fiscales es un indicio de que el país no está avanzando hacia la igualdad de género.

La situación del Defensor del Pueblo de la Nación es aún más grave. Este cargo clave para la protección de derechos frente a abusos del Estado ha estado vacante desde 2009, lo que significa que hace más de 15 años que la Argentina no cuenta con esta herramienta constitucional de defensa ciudadana.

No se trata de tecnicismos institucionales. Se trata de funciones fundamentales que, al estar vacantes o paralizadas, comprometen el presente y el futuro de nuestra democracia. Una república sin control, sin fiscales, sin defensores del pueblo y con una Corte truncada y sin mujeres, es una república incompleta.

Tanto el Defensor del Pueblo, como el Procurador y los jueces de la Suprema Corte, exigen para su nombramiento una mayoría calificada de dos tercios (del Congreso en el caso del Defensor, del Senado en el resto). El resto de los jueces y fiscales requieren una mayoría que el gobierno no controla.

Resulta evidente que la única forma de cubrir estos cargos esenciales para el funcionamiento de la República es mediante el diálogo y la negociación. El problema es que el actual gobierno hace una bandera de la intransigencia, la unilateralidad y la descalificación de todo el espectro político, incluyendo a quienes lo han acompañado acríticamente en todas las votaciones legislativas.

La falta de diálogo y la ausencia de vocación de compromiso son falencias políticas evidentes, que se vuelven gravísimos defectos cuando imposibilitan o debilitan el funcionamiento de los órganos constitucionales. Se trata de una forma alarmante de destruir el estado desde adentro, junto con la Constitución y los controles republicanos.

Cuando el gobierno deja sin cubrir los cargos esenciales para el control del poder, la justicia y la protección de derechos, lo que está haciendo es debilitar las bases de la democracia.

Es hora de revertir esta situación. La institucionalidad no es optativa.