El ministro de Justicia, Raul Arévalo, presentó una denuncia formal a la Relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las limitaciones que enfrenta el sistema judicial en Guatemala.

El expresidente Alvaro denunció ante la relatora de la ONU las limitaciones en el sistema judicial guatemalteco.

Por InfoArticulos

Lunes 12 de Mayo de 2025 - 23:36

El ministro de Justicia, Raul Arévalo, presentó una denuncia formal a la Relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las limitaciones que enfrenta el sistemaEl ministro de Justicia, Raul Arévalo, presentó una denuncia formal a la Relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las limitaciones que enfrenta el sistema

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado las limitaciones existentes en el país para un sistema de justicia independiente.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, inició una visita de trabajo de dos semanas a Guatemala, donde la fiscal general, Consuelo Porras, es cuestionada por la comunidad internacional.

Arévalo manifestó que existen limitaciones para la acción de 'una justicia independiente', debido a 'la existencia de espacios de cooptación y corrupción que profundizan la impunidad y debilitan la institucionalidad en Guatemala', según un comunicado de la presidencia.

Asimismo, expresó su preocupación por la criminalización que hace la Fiscalía contra jueces, fiscales y abogados que promueven una justicia independiente.

Satterthwaite evaluará 'las medidas adoptadas por Guatemala para garantizar la independencia del poder judicial y la imparcialidad del MP [Ministerio Público], así como el libre ejercicio de la abogacía', según un comunicado de la ONU.

El mandatario socialdemócrata mantiene desde antes de asumir el poder en enero de 2024 un conflicto con Porras, a quien Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por 'corrupta' y 'antidemocrática'.

El presidente busca que la fiscal general deje el cargo, para el que tiene mandato hasta mayo de 2026, pero carece de facultades para destituir a Porras.