El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tomado medidas para prevenir una práctica peligrosa: el swatting. A partir de ahora, esta acción estará sujeta a duras consecuencias legales en el estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tomado medidas para prevenir una práctica peligrosa: el swatting. A partir de ahora, esta acción estará sujeta a duras consecuencias legales en el estado.

Una broma pesada que puede costar vidas. Así es como muchos expertos definen el swatting, una práctica que ganó notoriedad en comunidades de videojuegos y transmisiones en vivo, pero cuyas consecuencias fueron trágicas en más de una ocasión.

En Florida, esta peligrosa tendencia motivó al gobernador Ron DeSantis a firmar una legislación que endurece las penas contra quienes realicen llamadas falsas a los servicios de emergencia, especialmente si derivan en lesiones o muertes.

El swatting consiste en realizar una llamada engañosa al 911 u otros servicios de emergencia, en donde se inventa una situación crítica, como una amenaza de bomba, un secuestro o un tiroteo, con el objetivo de provocar la intervención de equipos tácticos de respuesta rápida.

Según el texto legal, el sistema 911 –que incluye sus versiones electrónicas E911 y de próxima generación NG911– debe usarse exclusivamente en situaciones reales de emergencia. La ley establece penas más duras para quienes usen el sistema con fines fraudulentos, como en los casos de swatting, y detalla distintos escenarios que agravan el delito.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

Si la intervención policial derivada de un informe falso produce lesiones graves, desfiguración permanente o discapacidad, el autor de la llamada comete un delito grave de tercer grado.

Si esa misma respuesta resulta en la muerte de una persona, la ofensa se eleva a un delito grave de segundo grado.

Las personas que reincidan en el uso indebido de servicios de emergencia –tras haber sido condenadas en cuatro ocasiones– incurren también en un delito grave de tercer grado.

La ley firmada por DeSantis también establece que toda persona condenada por estos delitos deberá cubrir los costos que su conducta haya generado, lo que representa una medida inédita para Florida en este tipo de crímenes.

El texto establece que los tribunales deberán ordenar:

El pago de los gastos de investigación y procesamiento judicial.

Restitución completa a la agencia de seguridad pública que respondió a la alerta.

Compensación a cualquier víctima que haya sufrido daños o lesiones por el operativo policial.

Esto significa que si una llamada falsa moviliza a un equipo SWAT, quien la haya realizado deberá pagar no solo por el costo operativo de esa intervención, sino también por los daños colaterales causados, desde lesiones físicas hasta daños materiales en la propiedad de la víctima.

La legislación no se aplicará de forma inmediata. Según lo establecido en su texto final, la ley entrará en vigor el 1° de julio de 2025. A partir de esa fecha, las autoridades podrán procesar penalmente bajo este marco a cualquier persona que incurra en swatting o en otros tipos de uso fraudulento del sistema de emergencia.