El fiscal de Guatemala se ha pronunciado sobre la investigación en curso, asegurando que no busca criminalizar a nadie.

El fiscal de Guatemala se ha pronunciado sobre la investigación en curso, asegurando que no busca criminalizar a nadie.. Foto: Redacción InfoArticulos

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró este martes que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con una relatora especial de la ONU sobre independencia judicial.

Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran 'corrupta' y 'antidemocrática' por cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros.

'Investigar no es criminalizar. Decir que algunos no deben ser investigados es aceptar privilegios. En el Ministerio Público (Fiscalía) no hay excepciones. La ley es para todos', escribió Porras en X, tras recibir a la relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

Satterthwaite llegó el lunes a Guatemala en una visita de trabajo de dos semanas. La víspera se reunió con el presidente Arévalo, quien denunció las 'limitaciones' existentes en el país para un sistema independiente, principalmente por las acciones de Porras.

La fiscal dijo que la visita de la relatora de la ONU 'no es una evaluación, ni una supervisión', sino un 'acto de respeto institucional'. 'El Ministerio Público es autónomo y responde solo a la Constitución'.

'A pesar de amenazas y campañas de desprestigio, seguimos firmes. No hay actores intocables ante la ley', agregó.

Porras puso en riesgo la toma de posesión de Arévalo en enero de 2024, luego de iniciar un año antes investigaciones contra el partido Semilla y las elecciones que ganó el socialdemócrata.

Arévalo la acusó de emprender un 'golpe de Estado'.

El presidente busca que la fiscal general deje el cargo, para el que tiene mandato hasta mayo de 2026, pero carece de facultades para destituir a Porras.

La relatora se reunió con funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados, líderes de la sociedad civil, académicos y responsables de agencias de la ONU en el país.