El fallo de Levinas requiere un llamado a la unidad y colaboración entre las entidades involucradas

El fallo de Levinas requiere un llamado a la unidad y colaboración entre las entidades involucradas. Foto: Redacción InfoArticulos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció el 27 de diciembre de 2024 en el caso 'Ferrari c. Levinas', conocido como 'Fallo Levinas', que generó un impacto jurídico e institucional relevante.

En su opinión, la Corte declaró que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires es el superior tribunal para las causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que resulta competente para revisar las sentencias dictadas por las Cámaras Nacionales de la Capital.

Además, exhortó a las autoridades competentes -los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la ciudad- para que adecuen la estructura institucional y normativa necesaria en los términos de la decisión.

La sentencia generó una reacción adversa del Poder Judicial nacional, expresada a través de las Cámaras nacionales en lo Civil, del Trabajo, Criminal y Correccional y Comercial, que resolvieron que no corresponde el recurso de las sentencias de los jueces nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad.

Más recientemente, el 8 de abril último salió publicada en el boletín oficial la resolución 179/2025, dictada por el Ministerio de Justicia de la Nación, que establece la creación de una comisión para analizar y proponer soluciones a los problemas institucionales.

Es importante recordar que el respeto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantiza la seguridad jurídica y, con ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho en el sistema democrático.

Por lo tanto, resulta primordial que las autoridades competentes asuman con entereza y responsabilidad su mandato constitucional y adopten las medidas necesarias para alcanzar los objetivos trazados por la Constitución: dotar a la ciudad de una autonomía plena, garantizar los derechos de los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional y traer certeza y previsibilidad a los justiciables.

En conclusión, urge encontrar caminos de consenso que respeten la matriz institucional de los diferentes actores involucrados, tanto dentro del Poder Judicial como en los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En vistas a ello todos los implicados deberían fomentar un proceso colaborativo que permita una solución consensuada, respetuosa de los principios constitucionales y de la plena autonomía de la CABA. Este enfoque de cooperación interinstitucional no solo fortalecerá la confianza pública en nuestras instituciones, sino que también permitirá establecer un marco normativo claro y previsible para el futuro, garantizando la estabilidad jurídica y el respeto a los derechos de los justiciables.

María Gattinoni, Directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral