El enfrentamiento entre Trump y Hochul llega a su punto final con la decisión gubernamental sobre un tema controvertido en Nueva York

La última decisión del gobierno de Trump ante una controvertida medida impulsada por la gobernadora Hochul en Nueva York - LA NACION

Por InfoArticulos

Miércoles 23 de Abril de 2025 - 22:23

El enfrentamiento entre Trump y Hochul llega a su punto final con la decisión gubernamental sobre un tema controvertido en Nueva York. Foto: Redacción InfoArticulosEl enfrentamiento entre Trump y Hochul llega a su punto final con la decisión gubernamental sobre un tema controvertido en Nueva York. Foto: Redacción InfoArticulos

El gobierno de Donald Trump ha endurecido su postura frente a la gobernadora demócrata Kathy Hochul por el peaje de congestión en Manhattan. El Departamento de Transporte (DOT) advirtió que, si no se suspende el cobro antes del 21 de mayo, el estado perderá autorizaciones para obras de infraestructura clave.

La disputa escaló tras la decisión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de mantener activas las cámaras de peaje y desafiar por segunda vez la fecha límite impuesta por el gobierno federal.

Sean Duffy, secretario de Transporte de EE.UU., afirmó que la medida viola la ley federal 23 U.S.C. § 301, que prohíbe imponer peajes en rutas financiadas con fondos nacionales. En una carta enviada a Hochul, señaló que la administración estatal ignoró reiterados pedidos de información.

Desde enero de 2025, ingresar al centro de Manhattan por debajo de la calle 60 cuesta al menos 9 dólares por vehículo. La medida fue impulsada por la MTA, con el objetivo de reducir el tráfico y financiar el sistema de transporte público.

La respuesta de Hochul y la postura de la MTA

Pese a la advertencia, el equipo de Hochul afirmó que el programa 'está funcionando' y que el tráfico ya muestra mejoras. Las cámaras siguen operativas, aseguró un vocero.

El presidente de la MTA, Janno Lieber, sostuvo que los peajes seguirán activos hasta que un juez dictamine lo contrario, según reveló PIX 11. La causa podría resolverse recién en octubre.

El gobierno federal debe respetar el proceso judicial en curso, declaró Lieber. Para la administración estatal, cualquier cambio prematuro sería una interferencia política sobre una decisión técnica ya debatida en tribunales.