El despido de un magistrado podría ser un punto de inflexión en la justicia

El despido de un magistrado podría ser un punto de inflexión en la justicia. Foto: Redacción InfoArticulos

El juez estuvo acusado de favorecer al jefe narco rosarino Esteban Lindor Alvarado. El juez demoró varios meses en autorizar escuchas telefónicas contra este narcotraficante, algo que había pedido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A esto se suma lo revelado por LA NACION el 12 de junio último, cuando publicó que el contador Gabriel Mizzau le llevaba las cuentas personales al magistrado y también a las empresas del narco Alvarado. Incluso, Sebastián Mizzau, hijo del contador, entró a trabajar en el juzgado de Bailaque y, entre sus funciones, tenía la de seguir el expediente por lavado de dinero de Alvarado. Al juez se lo acusa, además, de haber cedido a Whpei –quien confesó ser su amigo– el manejo de los fondos que estaban intervenidos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín. La mutual del Grupo Unión, de Whpei, manejó durante más de un año más de 10.000 millones de pesos que pertenecían a esa entidad, que estaba bajo intervención, luego de que quedara detenido el dirigente Herme Juárez por lavado de dinero. Las maniobras detectadas por los fiscales, que llevaron a que el juez Rodrigues Da Cruz dispusiera la prisión preventiva de Bailaque dejaron al descubierto los altos niveles de impunidad que reinaban en Rosario, donde la violencia narco que golpeó a esa ciudad tiene marcadas raíces en la complicidad de otros sectores por fuera del mundo narco. En las próximas semanas, los fiscales imputarán al financista Whpei, un hombre poderoso de Rosario, dueño del llamativo Museo de la Democracia, en pleno centro rosarino, donde varias veces estuvo Alberto Fernández, antes de ser presidente, porque era abogado personal del financista, quien enfrentó varias causas judiciales. Los hermanos Guillermo y Fernando Whpei están al frente del grupo Unión, que nuclea varias mutuales, entre ellas, la de Jubilados y Pensionados. También gerenciaron varios medios de comunicación, como Radio Rivadavia, LT3 y el diario El Cordillerano. Se sospecha que financiaron campañas políticas de varios sectores, incluso antagónicos ideológicamente, como La Cámpora y un sector de Juntos por el Cambio.