El descontento crece entre los gobernadores que apoyan al gobierno debido a la ausencia de comunicación con la administración presidencial.

El descontento crece entre los gobernadores que apoyan al gobierno debido a la ausencia de comunicación con la administración presidencial.. Foto: Redacción InfoArticulos

El presidente Santiago Caputo y el ministro provincial Guillermo Francos atienden a los gobernadores, pero no tienen el nivel de decisión que reclaman. Las decisiones confluyen en Luis Caputo, pero para llegar a Economía con 'gestiones avanzadas', es muy 'complejo'. Frente a este panorama, una docena de gobernadores sigue de cerca la negociación de Córdoba con Nación en la Corte Suprema de Justicia por la deuda de Anses. Desde la asunción de Milei las 13 cajas de jubilaciones no transferidas no reciben un peso. Más allá del stock de deuda acumulado, la mira está puesta en el flujo ya que deben poner recursos propios para cumplir con el pago de haberes. La propuesta a la que estaría dispuesta Nación, como ya adelantó este diario, es a girarles un monto discrecional por mes. A la salida de la audiencia de conciliación, Martín Llaryora levantó el tono y habló de 'avasallamiento institucional' por parte de la Rosada. Los gobernadores son conscientes de que al Presidente no le hacen mella las críticas por la institucionalidad, pero sí es una vía que van a transitar con más insistencia. 'Pueden llevarnos puestos y no hay que decir nada, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Nos catalogarían de golpistas', reflexionó un mandatario que varias veces aportó legisladores en votaciones en el Congreso. En las provincias, según el último trabajo del IARAF, el gasto público total cayó 15,1% real interanual, por encima de lo ingresos (12,7% real) y coinciden en que no tienen más margen para seguir recortando. Salarios y obra pública fueron los mayores aportantes del ajuste. Plantean que tienen que atender más demandas sociales, de salud y de educación derivadas de lo que Nación restringió. En la lista de puntos a negociar que alcanza a todos los gobernadores, está por ejemplo, el porcentaje del impuesto a los combustibles que por ley debe ir al arreglo de rutas o a obras viales y que no se está usando. En el 2024 esa carga recaudó $2,4 billones y, según el CEPa, de los $310.000 millones que debían transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red vial, solo fueron $149.000 millones. El año pasado, la Nación traspasó 258 obras a 17 provincias y municipios por unos $64.000 millones, al momento de la firma la Rosada se comprometió a ejecutar otras consideradas 'estratégicas'. Según los gobernadores, esa promesa está demorada en la mayoría de los trabajos. Una situación similar se da entre los intendentes.