Dos importantes firmas de abogados han solicitado a los tribunales que impidan de manera permanente las órdenes ejecutivas emitidas por el expresidente Donald Trump.

Dos importantes firmas de abogados han solicitado a los tribunales que impidan de manera permanente las órdenes ejecutivas emitidas por el expresidente Donald Trump.. Foto: Redacción InfoArticulos

El gobierno ha alegado cuestiones de seguridad nacional para justificar las órdenes ejecutivas, pero Butswinkas, el abogado que representa a Perkins Coie, dijo que ese argumento era risible, en parte porque los abogados de la firma cuyo trabajo fue citado por la orden dejaron la firma hace varios años. "Para mí, suena más a inseguridad nacional que a seguridad nacional", dijo Butswinkas. La primera acción contra una firma de abogados tuvo lugar en febrero cuando Trump suspendió las autorizaciones de seguridad de los abogados de Covington & Burling que han proporcionado servicios legales al fiscal especial Jack Smith, quien investigó a Trump entre su primer y segundo mandatos, y formuló dos acusaciones formales que ahora han sido abandonadas. La orden ejecutiva dirigida a Perkins Coie destacó la representación del bufete a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante la contienda presidencial de 2016, y la dirigida a WilmerHale citó el hecho de que el fiscal especial Robert Mueller —quien investigó a Trump durante su primer mandato sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña de 2016— fue durante años socio del bufete. "Si bien la mayoría de los litigios requieren investigación para desenterrar el motivo de la represalia, el presidente proclama abiertamente que está apuntando contra WilmerHale por representar a sus oponentes políticos en litigios relacionados con elecciones, por impugnar sus políticas de inmigración, por asociarse con sus enemigos percibidos (incluido un fiscal especial designado por el propio Departamento de Justicia del presidente) y por defender las políticas de admisión universitaria conscientes de la raza de un cliente", escribieron los abogados de WilmerHale en un documento judicial antes de los argumentos del miércoles. En una declaración después de la audiencia, un portavoz de WilmerHale dijo que el bufete había "defendido ferozmente los derechos constitucionales fundamentales al asesoramiento y la libertad de expresión, basándose en los argumentos exitosos que impidieron que la orden ejecutiva ilegal entrara en vigor. Seguimos confiando en que el tribunal bloqueará permanentemente la orden". El mes pasado, Paul Weiss llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump que resultó en la rescisión de una orden ejecutiva en su contra. Desde entonces, más de media docena de otros bufetes jurídicos han llegado a acuerdos con la Casa Blanca que les exigen, entre otras cosas, prestar servicios gratuitos a causas que el gobierno de Trump dice que defiende. Dichos bufetes son Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; Milbank; Willkie, Farr & Gallagher; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins LLP; Allen Overy Shearman Sterling US LLP; Simpson Thacher & Bartlett LLP; y Cadwalader, Taft & Wickersham. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.