Brandon Johnson se enfrenta a Kristi Noem en un nuevo desafío: la ciudad de Chicago impugna el recorte de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional
La ciudad de Chicago ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por eliminar fondos esenciales para la seguridad. El alcalde Johnson acusa al gobierno federal de actuar sin previo aviso y dejar a la ciudad en una situación de riesgo.
Por InfoArticulos
Miércoles 21 de Mayo de 2025 - 19:16
Brandon Johnson se enfrenta a Kristi Noem en un nuevo desafío: la ciudad de Chicago impugna el recorte de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Foto: Redacción InfoArticulos
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha llevado a los tribunales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por congelar sin previo aviso los fondos destinados al programa Securing the Cities, creado en 2007 para ayudar a las ciudades consideradas de alto riesgo en la detección de materiales nucleares y radiactivos.
La demanda, presentada el viernes 16 de mayo, incluye como acusada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Chicago sostuvo en su presentación judicial que el DHS actuó fuera de sus facultades legales al suspender unilateralmente el financiamiento del programa.
La administración de Brandon Johnson responsabiliza directamente a la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por las acciones del gobierno federal, que consideran inconstitucionales.
El Congreso había aprobado reiteradamente el financiamiento del programa, incluso este año. Sin embargo, el DHS detuvo todos los pagos a Chicago desde febrero.
La ciudad presentó cinco solicitudes de reembolso por gastos previamente aprobados, que sumaban cerca de US$1 millón, sin haber recibido respuesta ni justificación oficial por parte del gobierno federal.
Chicago argumenta que el DHS reconoció haber aprobado esos pedidos, pero que todos los pagos estaban en pausa. Entre los gastos reclamados se incluyen equipos para detectar materiales nucleares, servicios expresamente autorizados y productos pre-aprobados por el mismo DHS.
La ciudad afirma que la negativa actual constituye no solo una amenaza operativa, sino también una transgresión a las reglas administrativas que rigen el programa.